El Gobierno de Lorca ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de las viviendas de Puntas de Calnegre, gravemente afectadas por la actual aplicación de la Ley de Costas. La concejal de Urbanismo, María Hernández, acudió recientemente a la sesión plenaria del Senado, donde se debatió y votó una moción del Partido Popular que busca la modificación de la normativa costera para proteger las edificaciones tradicionales del litoral español y acabar con la incertidumbre que pesa sobre cientos de familias. Durante su estancia en la Cámara Alta, María Hernández mantuvo también una reunión de trabajo con alcaldes y representantes de otros municipios perjudicados, junto a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia Martínez. El objetivo fue abordar la urgencia de cambios legislativos que aporten una solución definitiva a los vecinos afectados. La situación en Puntas de Calnegre es crítica: alrededor de medio centenar de viviendas se encuentran bajo amenaza de derribo, una situación que sus propietarios arrastran desde hace más de dos décadas. “Estamos ante una medida fundamental para proteger a nuestros vecinos de Puntas de Calnegre, un poblado con más de 200 años de historia cuyos habitantes llevan más de dos décadas conviviendo con la amenaza constante de que sus casas sean demolidas”, señaló Hernández. La concejal enfatizó la perspectiva humana del problema: “Hoy volvemos a alzar la voz para defender a esas familias y reclamar una solución justa y definitiva, porque lo hemos dicho muchas veces, y lo volvemos a repetir: esto no va de ladrillos, va de personas”. La moción debatida en el Senado, surgida de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, propone diez medidas. Entre ellas, destaca una revisión "ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y su normativa asociada, así como la solicitud urgente de una Conferencia Sectorial. Como novedad crucial, la iniciativa incorpora una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición", lo que supondría un freno a los derribos de edificaciones afectadas por la ley y que puedan implicar la pérdida de derechos de propiedad privada o concesionales. Hernández recordó que esta es la cuarta iniciativa en la actual legislatura en las Cortes Generales para modificar la Ley de Costas, y la tercera vez que el asunto llega al Senado. “No vamos a dejar de insistir hasta que se haga justicia con estas familias. Queremos acabar de una vez por todas con la incertidumbre de cientos de vecinos que llevan años sin saber qué ocurrirá con sus viviendas. Nuestro compromiso, y el del alcalde Fulgencio Gil con Puntas de Calnegre es firme y lo estamos demostrando con hechos”, afirmó. La concejal de Urbanismo denunció la "innumerable inseguridad jurídica" que genera la actual Ley de Costas, dejando en indefensión a familias que residen en núcleos costeros tradicionales. Insistió en la necesidad de "cambios reales y efectivos" en la legislación estatal para proteger estos asentamientos históricos: “No todo lo construido junto al mar es igual. No todo lo que está cerca de la costa es ilegal. Existen núcleos tradicionales que forman parte de nuestra historia, de nuestro paisaje y de nuestras raíces, y que merecen ser protegidos. Puntas de Calnegre es un claro ejemplo de ello”. El Gobierno de Lorca reitera su compromiso inquebrantable con los vecinos afectados: “Vamos a seguir trabajando junto a las familias para que ninguna vivienda de Puntas de Calnegre sea demolida. Este Ayuntamiento va a estar al lado de sus vecinos hasta el final. El futuro de Calnegre pasa por la protección de su patrimonio, de su identidad y de quienes han construido allí su proyecto de vida”. Más información en https://mci2.es/