Lorca, 3 de junio de 2026. ¡Atención, constructores clandestinos y amantes del 'todo vale'! El Ayuntamiento de Lorca, a través de su Órgano de Control del Padrón, ha decidido pasar a la acción, y no precisamente para felicitar. En el último año, este departamento ha levantado un total de **90 expedientes** relacionados con la rama urbanística, poniendo en jaque a quienes pensaron que construir a su aire era un deporte sin consecuencias. La maquinaria municipal ha activado nuevos procedimientos, incluyendo la temida **ejecución subsidiaria**, una joyita administrativa que significa que si el infractor se hace el remolón, el Ayuntamiento ejecuta las obras necesarias —léase, demoliciones— y luego, con la amabilidad que le caracteriza, **le pasa la factura** al propietario responsable. Una táctica que, sin duda, busca incentivar el cumplimiento de la ley... o al menos, disuadir de la reincidencia a golpe de cartera. María Belén Pérez, la concejal responsable de Control del Padrón, ha sido tajante al respecto: “Tenemos mucho trabajo por delante y estamos aplicando todos los recursos legales y administrativos de los que dispone el Ayuntamiento para atajar este tipo de situaciones. Lorca persigue y castiga estas ilegalidades”. Vaya, parece que en Lorca se acabó la barra libre urbanística. Desde su puesta en marcha en junio de 2023, el Órgano de Control del Padrón no ha estado precisamente de brazos cruzados. Ha tramitado la friolera de **190 expedientes** por diversas infracciones de la ordenanza del padrón y, ojo al dato, ha procedido a emitir **8.500 bajas**. Cifras que demuestran que el control ha sido más que un simple 'mirar para otro lado'. El procedimiento es tan claro como contundente: primero, se paraliza la obra ilegal; luego, se tramita un expediente para restablecer la legalidad urbanística, que culmina con una orden de demolición o cese de uso en 30 días. Si el infractor persiste en su 'rebeldía', se inicia un procedimiento sancionador. Y si la cabezonería continúa, ¡bingo!, llega la ejecución subsidiaria, que requiere incluso autorización judicial para que el Consistorio pueda entrar y demoler lo que la ley dice que no debe estar. Para los "despistados", el Ayuntamiento se encargará y luego el recibo llegará puntual, como un aguinaldo inesperado. Además de las construcciones sin permiso, el departamento también ha actuado por motivos de seguridad. Se han tramitado 9 órdenes de ejecución por incumplimiento del deber de conservación de inmuebles y, en casos extremos, se han declarado **4 ruinas** de edificios que suponían un peligro inminente. Adiós, viejos transformadores convertidos en 'casoplones' improvisados; hola, vuelta al uso original. Y sí, los gastos de proyectos técnicos o inscripciones de demolición en el registro también corren a cargo del infractor. ¡Qué detallistas! Para los ciudadanos que quieran unirse a esta cruzada contra la ilegalidad, el Ayuntamiento ha habilitado un **canal directo de WhatsApp (608 87 72 04)**. Un número donde, de forma anónima y confidencial, los lorquinos pueden chivar cualquier irregularidad en relación al Padrón de habitantes. Y no crean que el equipo está solo: este órgano ha reforzado su plantilla con dos nuevos agentes censales y cuenta con la implicación de un auténtico dream team interinstitucional, desde la Policía Nacional y Local hasta el estamento judicial y la Agencia Tributaria. Parece que, en Lorca, el control del padrón no es un juego de niños. Prepárense, el 'orden y concierto' urbanístico ha llegado para quedarse.
